La Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán es un instrumento jurídico que debería de buscar regular los servicios de salud mental relativos a la prevención, promoción y atención, tanto psicológica como psiquiátrica, y su importancia radica en sus beneficios indirectos para prevenir la comisión de conductas antisociales y delitos, promover estilos de vida saludables comunitarios y fortalecer las relaciones positivas en las familias.
La primera ley de salud mental en Michoacán fue publicada el 12 de septiembre de 2014. En ella se establecen los mecanismos para ejercer los derechos por parte de los usuarios de servicios de salud mental y las obligaciones por parte de las instituciones gubernamentales y privadas.
Algunos de sus elementos relevantes es que incluye un presupuesto obligatorio de mínimo el 3% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud, oscilando en los 250 millones de pesos por año. La población tiene derecho, según la ley, a ser informada sobre campañas, planes, programas y servicios que proporcione el gobierno y las instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.
Por su parte, la Secretaría de Salud tendría que aplicar acciones de participación social de los sectores social y privado, un modelo de salud mental y operar una red estatal de salud mental. Nada de esto sucede.
Desde hace 7 años que se promulgó la Ley, sus pírricos avances tienen explicación.
Han existido al menos 3 modificaciones de la citada ley, algunos más desaseados que otros, con intereses ocultos por parte de diputados que ignoran por completo los complejos problemas a los que nos enfrentamos quienes trabajamos día a día en ofrecer servicios de salud mental de calidad, en un marco de derechos humanos y con un fuerte compromiso con las comunidades a las que nos debemos.
Las modificaciones a la ley han sido entre amigos, sin consultas públicas y sin discusión sobre los temas torales que tiene la ley, muchas veces beneficiando el bolsillo de unos cuantos.
En la historia reciente del Estado de Michoacán han existido al menos 3 Centros de Salud Mental del Gobierno del Estado de Michoacán o Cemisam, dirigidos por psiquiatras, con un modelo medicalizante de la subjetividad humana, centralizados y sin programas en las comunidades. Cientos de personas tienen que pagar en desplazarse a la capital del Estado, para la comodidad de los médicos.
Por otro lado, existe un fuerte compromiso económico de las empresas farmacéuticas por tener control con los médicos, por medio de sus testaferros los siquiatras, del recurso que se ejerce en la materia (cerca del 90% del presupuesto de la Secretaría de Salud se gasta en su hospital psiquiátrico).
Las autoridades estatales tienen una obcecada idea sobre la siquiatrización de la salud mental, también por cuestiones económicas, pero puede ser también por poder, por control de las personas, violando el derecho humano a la salud de tener información y tratamientos de calidad en libertad y en la misma comunidad.
Por parte de la población existe un desconocimiento y desorientación sobre qué servicios usar y cómo acceder a ellos. Esto se debe a la misma manipulación que sufre la ley por parte de las autoridades locales, que no cumplen con su obligación de informar y orientar a la población sobre los mejores servicios de salud mental comunitaria.
El gobernador actual prometió en su campaña que atendería la salud mental, pero hasta la fecha solo ha dejado en manos de un psiquiatra la salud mental de millones de personas, sin consulta a familiares de personas con discapacidad psicosocial, sin atender nuestros llamados desde la sociedad civil. Ellos piensan que somos ignorantes, cuando en realidad tenemos presencia en todo el Estado y hemos sacado adelante a miles de personas durante la pandemia, aún con la ignorancia subrepticia del gobierno en turno.
