Por Armando Saavedra Magaña
*UMSNH: HUELGA, POLÍTICA Y FINANZAS EN TENSIÓN
El SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA (SUEUM) aprobó estallar
la huelga en la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (UMSNH) el pasado 20
de abril a las 19:00 horas en MORELIA, luego de no alcanzar acuerdos en las mesas de trabajo y
considerar que no hubo avances con la autoridad universitaria. La decisión fue ratificada en
ASAMBLEA GENERAL tras la aprobación previa del CONSEJO DEL SINDICATO, donde se argumentó la
falta de pago de prestaciones como ayudas sindicales, despensas, estímulos de puntualidad y
promociones, además de adeudos acumulados de administraciones anteriores y la actual. También
denunciaron hostigamiento laboral, incumplimiento en jubilaciones y fallas en el acceso al SEGURO
SOCIAL para trabajadores de apoyo.
Por votación unánime, el SUEUM determinó estallar en huelga a las 19:00 horas de ese lunes, por
violación a 48 cláusulas de los contratos colectivos correspondientes al 2025 y 2026. El dirigente
EDUARDO TENA FLORES aclaró que la huelga se realizaría de puertas cerradas en todos los campus
e instalaciones nicolaitas, con el voto a favor de 1,745 sindicalizados de un padrón de 2,150. La
pregunta que surge es inevitable: ¿de dónde salieron los 1,745 votantes si al auditorio del TEATRO
MORELOS solo le caben 1,339 butacas? Esa incongruencia alimenta la percepción de que el proceso
estuvo cargado de irregularidades y que la decisión de ir a huelga responde más a una estrategia
política que a un reclamo estrictamente laboral.
El contexto político es fundamental. La llegada de la doctora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ a la rectoría
estuvo marcada por su cercanía con el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, relación que pronto
se deterioró. Episodios como la inauguración del campus ZAMORA sin presencia universitaria, la
entrega del programa D4TA en plazas públicas y, finalmente, la visita del senador RAÚL MORÓN
ORÓZCO a la universidad, fueron interpretados por el gobernador como gestos de alineación política
de la rectora con un adversario interno. Desde entonces, la relación se fracturó y el sindicato
encontró terreno fértil para radicalizarse.
El papel de EDUARDO TENA FLORES ha sido clave. Sus frecuentes visitas a CASA MICHOACÁN
coincidieron con el exhorto legislativo contra la rectora y con la decisión de estallar la huelga. La
jueza que autorizó la huelga a puertas cerradas es hija de la diputada EMMA RIVERA, lo que sugiere
que la decisión judicial obedeció más a una consigna que a un análisis imparcial. Aquí es donde
entran los precedentes: en 2013, estudiantes promovieron amparos contra huelgas de puertas
cerradas, argumentando la violación al derecho a la educación.
El PODER JUDICIAL determinó que la huelga no justifica el cierre absoluto y que se pueden imponer
medidas positivas, como abrir instalaciones. En 2016, la autoridad laboral ordenó que la huelga fuera
de puertas abiertas, el sindicato impugnó vía amparo y lo perdió. Es decir, ya existe jurisprudencia
que limita la posibilidad de cerrar completamente los campus universitarios. Si los tribunales
federales retoman estos precedentes, es muy probable que la huelga actual sea modulada y se
ordene que sea de puertas abiertas, lo que reduciría el impacto directo en la comunidad estudiantil.
El pliego de peticiones del SUEUM exige 243 millones de pesos adicionales, cifra que equivale a pagar
un mes completo de salarios y prestaciones de toda la plantilla universitaria. La universidad ofrece
aumentos moderados y ajustes parciales, pero se niega a comprometerse con cláusulas abiertas que
se convierten en cheques en blanco, como los gastos del aniversario sindical o la fiesta del empleado.
La narrativa sindical de que “la universidad no ofrece nada” es falsa: sí hay ofrecimientos, aunque
limitados. La comparativa contractual lo demuestra: canasta navideña de $2,500, el sindicato pide
$2,800 y la universidad ofrece $2,600; bono de despensa de $2,455, el sindicato exige $2,600 y la
universidad analiza un aumento del 1%; viáticos de $190 y $480, el sindicato pide $250 y $620, la
universidad acepta incrementos menores. En casi todos los rubros, la universidad ofrece algo, pero
no todo.
El gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA insiste en que la universidad sí tiene recursos para
resolver el problema laboral, y para sostener su narrativa circula una gráfica del comportamiento
presupuestal entre 2021 y 2026. En ella se observa que las transferencias autorizadas han crecido
de poco más de 3,033 millones en 2021 a 4,452 millones en 2025, mientras que las ministraciones
modificadas o ejercidas siempre han sido superiores, alcanzando en 2026 los 4,854 millones de
pesos.
Es decir, el presupuesto pleno autorizado por el CONGRESO en 2025 existe y ha crecido de manera
sostenida hasta 2026. Pero la diferencia entre lo autorizado y lo ejercido muestra que la universidad
ha tenido que ajustar constantemente sus finanzas para cubrir compromisos corrientes, sin margen
para absorber nuevas cargas extraordinarias. Los pasivos laborales acumulados —jubilaciones,
pensiones y prestaciones atrasadas— suman cientos de millones de pesos, no miles, pero aun así
representan un peso financiero considerable.
La otra gráfica, la de la distribución de trabajadores, también es reveladora: el SUEUM concentra
1,988 afiliados entre apoyo, base y jubilados, frente a 1,006 del STUMICH y 409 sin sindicato. Es
decir, el SUEUM sigue siendo el sindicato mayoritario y, por tanto, el que más capacidad de presión
tiene. Con 1,745 votos a favor de la huelga, la decisión refleja la fuerza de su estructura, aunque
también la manipulación de sus procesos internos.
En conclusión, la huelga en la UMSNH es el resultado de una fractura política entre la rectora YARABÍ
ÁVILA y el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, que encontró en el sindicato un instrumento
de presión. El costo inmediato de levantar la huelga está cuantificado en 243 millones de pesos, pero
el costo político y financiero de aceptar cláusulas abiertas sería mucho mayor.
La gráfica presupuestal muestra que la universidad ha recibido más recursos cada año, pero también
que los ha ejercido en su totalidad, lo que confirma que el margen de maniobra es mínimo. La gráfica
de trabajadores confirma que el SUEUM sigue siendo el actor dominante. Los precedentes judiciales
sugieren que la huelga podría ser modulada y convertirse en una huelga de puertas abiertas, lo que
reduciría su impacto en los estudiantes. La jueza local obedeció una consigna, pero los tribunales
federales tienen la última palabra. El polvorín está encendido: el sindicato exige, el gobernador
presiona y la universidad resiste, atrapada entre la narrativa política y la realidad financiera.
