DEL 10-04-26
Por Armando Saavedra Magaña.
*ADULTO MAYOR GRATIS, AFORES HIPOTECADAS.
*UNIVERSALIDAD CON HOSPITALES AL TOPE.
*MORENA Y LA CURVA DE LA HISTORIA
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
El Senado acaba de abrir la caja de Pandora con la reforma que autoriza al gobierno federal a utilizar
hasta el 30% de los recursos de las Afores en proyectos de infraestructura. El discurso oficial habla
de “vehículos de propósito específico” y “participación mixta” como si fueran fórmulas mágicas para
blindar el ahorro de más de 70 millones de trabajadores.
La realidad es menos glamorosa: se trata de trasladar el riesgo financiero del Estado a los bolsillos
de los ciudadanos. La oposición lo advirtió con claridad: el ahorro para el retiro se convierte en
capital de riesgo político, y la experiencia histórica demuestra que el gobierno mexicano ha sido un
pésimo administrador de recursos. No es exageración: más del 99% de las empresas estatales
creadas en el siglo XX terminaron en quiebra, vendidas a precio de remate o absorbidas por el erario
tras años de pérdidas.
Los ejemplos recientes son igual de contundentes. El Tren Maya, inaugurado con bombo y platillo,
pierde millones de pesos diarios en operación y enfrenta sobrecostos que duplicaron su presupuesto
inicial. El Aeropuerto Felipe Ángeles, presentado como alternativa al NAIM, opera con una mínima
fracción de la demanda proyectada y acumula litigios millonarios. La refinería de Dos Bocas, símbolo
de soberanía energética, se convirtió en un pozo sin fondo con desvíos detectados por la Auditoría
Superior de la Federación y costos que superan con creces lo presupuestado. Estos proyectos, que
ya son deficitarios, ahora podrían absorber el dinero que los trabajadores guardan para su retiro.
La narrativa oficialista insiste en que el nuevo modelo corrige las deficiencias de las Asociaciones
Público-Privadas y garantiza que el Estado mantenga la rectoría. Pero rectoría no es sinónimo de
eficiencia. La historia de Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales y miles de
paraestatales quebradas es la prueba de que la administración pública mexicana convierte cualquier
proyecto en un cementerio financiero. La diferencia es que ahora el costo no lo asumirá únicamente
el presupuesto federal, sino directamente los ahorros de los trabajadores.
La reforma también permite que el gobierno inicie obras sin contar con el total de los recursos, lo
que equivale a firmar cheques sin fondos con la promesa de que “ya se conseguirá el dinero”. Y como
guinda, los proyectos prioritarios definidos por el Ejecutivo no podrán sufrir recortes presupuestales,
blindando obras que podrían ser improductivas o inviables. En otras palabras, si el Tren Maya sigue
perdiendo millones, seguirá recibiendo dinero, aunque provenga de las cuentas de retiro.
La premisa es sencilla y brutal: el gobierno históricamente ha sido un malísimo administrador de
recursos, y las Afores no serán la excepción. Lo que se presenta como inversión estratégica es, en
realidad, un mecanismo para exprimir hasta el último centavo de los trabajadores y financiar
proyectos que ya demostraron ser inviables. Si el ahorro para el retiro se convierte en la caja chica
del Estado, el futuro de un retiro digno se evapora. La columna vertebral de la seguridad social se
transforma en un riesgo compartido, pero con una certeza: el trabajador siempre pierde.
UNIVERSALIDAD CON HOSPITALES AL TOPE
Cuando se habla de “salud universal” en México, más de uno levanta la ceja y piensa: ¿universal para
quién? Porque mientras el gobierno presume que ahora sí todos tendrán acceso, los que ya pagan
sus cuotas al IMSS o al ISSSTE sienten que les están jugando chueco. Esos derechohabientes que
cada quincena ven descontado de su sueldo para garantizar atención médica, medicinas y
prestaciones, ya saben lo que es esperar meses por una cita de especialidad, formarse desde la
madrugada para alcanzar ficha y salir con la receta incompleta porque no hay medicamento en la
farmacia. Ahora imagínese que a ese mismo sistema, que ya anda cojeando, le carguen de golpe a
más de 50 millones de personas que no pagan ni un peso de cuota.
El escenario pinta como cuando en la fiesta llega medio barrio sin invitación: la comida no alcanza,
las sillas se acaban y los que sí cooperaron se quedan mirando cómo los colados se sirven primero.
El riesgo es que el derechohabiente que paga se sienta desplazado, que le digan “su cita será en tres
meses” mientras al recién credencializado lo atienden en dos semanas. Eso no solo genera enojo,
genera la sensación de que el esfuerzo de años de aportaciones se convierte en letra muerta.
La pregunta que muchos asegurados se hacen es simple: ¿qué va a pasar con nosotros? Porque si ya
de por sí la atención es precaria, con más carga encima puede volverse un vía crucis. Y no se trata
de negar el derecho a la salud de quienes hoy están fuera del sistema, se trata de que la universalidad
no se construye con discursos ni credenciales, se construye con camas, médicos, medicinas y
hospitales. Si no hay inversión real, lo que habrá será un “todos tienen derecho” en el papel, pero
en la práctica un “nadie alcanza servicio”.
El gobierno apuesta a que la narrativa de inclusión le sume simpatías, pero la realidad es terca:
cuando el que paga siente que lo mandan al final de la fila, la frustración se multiplica. Y esa
frustración no se queda en la sala de espera, se convierte en enojo social y en desgaste político.
Porque al final, la salud no se mide en credenciales emitidas, se mide en la consulta que sí se da, en
el medicamento que sí se entrega y en el tratamiento que sí se garantiza. Lo demás es puro cuento.
MORENA Y LA CURVA DE LA HISTORIA
México se encuentra en un tramo delicado de la curva que describe la vida de los sistemas políticos.
No está en la fase terminal de un colapso, pero sí en la etapa de erosión institucional, donde las
señales de desgaste se acumulan y la legitimidad comienza a resquebrajarse. La concentración de
poder en el Ejecutivo, las reformas que reducen la autonomía del Poder Judicial y los órganos
electorales, así como la creciente polarización política, dibujan un escenario que se asemeja a los
momentos previos de crisis en otras naciones.
La historia enseña que los sistemas no caen de golpe, sino que se desgastan hasta que una crisis
económica o social actúa como catalizador. En Roma, los subsidios de trigo y espectáculos públicos
prolongaron la estabilidad hasta que la crisis fiscal los volvió insostenibles; en la URSS, los beneficios
sociales mantuvieron la cohesión hasta que la quiebra económica los hizo inviables. México hoy
repite el patrón: los programas sociales han retardado el desgaste, pero no corrigen las causas
estructurales de la erosión institucional ni de la polarización política. Funcionan como
amortiguadores políticos y económicos, comprando tiempo y sosteniendo una base de apoyo amplia
entre sectores vulnerables, pero ese tiempo es finito.
El golpe de gracia no vendrá de la desaparición súbita de estos apoyos, sino de su agotamiento como
instrumentos de control, cuando ya no logren contener el descontento ni sostener la legitimidad. La
dependencia del T-MEC y la relación con Estados Unidos son factores externos que pueden
convertirse en detonantes si se combinan con problemas internos como inflación, desempleo o
inseguridad.
A ello se suma un síntoma político que no debe subestimarse: Morena ya tuvo su primer desbarranco
con la derrota en la elección extraordinaria de Tamiahua, Veracruz, y apenas el mes pasado fue
derrotado en la elección de sindicatura y comisarías en Navolato y Culiacán. Se trata de elecciones
menores, pero son señales de descomposición y rechazo popular que empiezan a manifestarse en
las urnas.
El sistema mexicano está en la curva de fragilidad: los programas sociales han comprado tiempo,
pero no evitan la caída, y cuando dejan de ser suficientes, el sistema se precipita con mayor
velocidad. La pregunta no es si caerá, sino qué tan rápido se moverá en la curva y si habrá capacidad
de corregir el rumbo antes de que la historia reedite su lección de desgaste y sustitución de élites
sin resolver los problemas de fondo.
MISCELÁNEA POLÍTICA
Michoacán vuelve a presumir vitrinas llenas de “premios turísticos” en Lo Mejor de México 2026,
con siete nominaciones que suenan más a catálogo de ferias que a reconocimiento genuino. La
K’uínchekua aparece como estandarte cultural, mientras las carnitas se venden como pasaporte
gastronómico y los congresos como turismo de negocios. El detalle incómodo: cada año la Secretaría
de Turismo repite la misma retahíla, como si los michoacanos fuéramos ingenuos y no supiéramos
que estos galardones se negocian con erario y relaciones públicas. El violín titular del ramo sigue
tocando la misma melodía, convencido de que la ciudadanía aplaudirá sin preguntar cuánto costó la
partitura.
OCTAVIO OCAMPO, dirigente del PRD, decidió subirse al tren de las encuestas y con apenas un 8%
de reconocimiento presume que puede ser la “sorpresa electoral” del 2027. El boletín que circuló
este martes parece más un acto de fe que un análisis serio: con cifras mínimas, asegura que su
presencia es sólida en el escenario estatal. La pregunta inevitable es con qué canicas piensa jugar, si
su partido apenas araña entre 2% y 3% de intención de voto. OCAMPO apuesta a inflar el padrón de
militantes hasta los 200 mil, pero la realidad es que lo más seguro es que termine defendiendo su
curul plurinominal, mientras la gubernatura se disputa en ligas mayores.
La Tremenda Corte volvió a tocar el acordeón y ahora la presunción de inocencia se va directo al
basurero: la UIF podrá congelar cuentas con solo “sospechas razonables”, como si fueran
corazonadas de sobremesa. La tradición posrevolucionaria de decidir por simpatías y dedazos sigue
viva, desde Obregón y Calles hasta los gobiernos actuales que reparten cargos como si fueran
herencia. En paralelo, la ONU le recuerda al gobierno el aumento de desaparecidos, mientras la
CNDH se dedica más a servir al poder que a las víctimas. El Senado autoriza proyectos sin respaldo
financiero y la Corte legitima ocurrencias, abriendo paso a un país donde el favoritismo sustituye a
la democracia. En el INE ya ni hace falta concurso: basta con que la señora de turno decida quién se
acomoda en la silla. México, reino del capricho, donde lo absurdo se viste de legalidad y lo arbitrario
se presume como modernidad.
