*AMBICIOSO PROGRAMA DE OBRAS MULTIANUAL.
*PROGRAMA AMBICIOSO, PERO DIFICIL DE LOGRAR.
*¿Y LOS DERECHOS DE LOS FUMADORES?
*RECTORA PROCURA JUSTICIA LABORAL.
*REFORMAS ESTATUTARIAS DE “ALITO” EN EL CADALZO.
Por supuesto que resulta aplaudible el anuncio hecho por el gobernador del estado FREDY RAMÍREZ
BEDOLLA del programa de obra pública multianual, en el que invertirían al derredor de 9 mil millones
de pesos, con la modalidad de que el gobierno del estado no invertirá recursos propios, sino que
solo será el “aval” de las empresas, que licitación de por medio, ejecuten las obras de dicho
programa.
El ambicioso programa de obra pública comprende para la capital del estado, el Metrobús, el
segundo anillo periférico de 80 kilómetros de longitud y 2 presas; para el interior del estado se
contempla la construcción del Mercado Municipal de Pátzcuaro, el Cablebús en Uruapan, la Brecha
central de Apatzingán a Tepalcatepec y la Carretera Aguililla-Nexpa (Caleta de Campos).
PROGRAMA AMBICIOSO, PERO DIFICIL DE LOGRAR.
Si bien, solo el proyecto del Metrobús para la ciudad de Morelia enfrentará un serio problema
sociopolítico con las organizaciones de transportista, el caso del segundo anillo periférico también
enfrentaría serios problemas, sobre todo, el monto de la inversión, pues el gobernador del estado
estima que los 80 kilómetros de longitud tendría un costo aproximado de 4 mil trescientos millones
de pesos.
Y ahí es dónde empiezan a surgir las dudas, pues al revisar otros proyectos similares, encontramos
el llamado “Macrolibramiento de Morelia” que en realidad es la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, con
una longitud de 63 kilómetros, la que tuvo un costo de construcción de 4 mil, 300 millones de pesos,
obra que se inauguró en el mes de octubre de 2016.
Y aquí viene otra gran duda, pues pretender hacer una obra como es una carretera de mayor
longitud, al mismo costo que una iniciada hace 9 años, como lo fue la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro,
me genera muchísimas dudas, pero además, el Macrolibramiento de Morelia de 63 kilómetros de
longitud, duró en construirse 3 años y medio, del 2012 al 2016, sin problemas financieros, a un costo
de 63 millones de pesos por kilómetro. ¿Lograrán el mismo costo 10 años después? Lo dudo.
A menos claro, de que se vaya a tratar de una carretera de solo 2 carriles, sin obras complementarias
como puentes o túneles, etc., pues entonces sí, hasta con 7 millones de pesos por kilómetro podría
ser el costo y la inversión en dicho libramiento sería de menos de mil millones de pesos. Total, se
me hace que en este asunto hay “felino en cautiverio”.
¿Y LOS DERECHOS DE LOS FUMADORES?
Si de los 125 millones de mexicanos que somos, solo 20 millones fumamos de acuerdo a las
estadísticas del INEGI, es claro que al hacer una encuesta, la mayoría dirá que está de acuerdo con
las nuevas disposiciones de la ley, que prohíben fumar en algunos lugares públicos que tenían zona
de fumadores y también prohíbe cualquier tipo de publicidad o exhibición de productos del tabaco.
Sin embargo, si bien es prudente y necesaria la existencia de leyes que protejan los derechos de los
no fumadores, también lo es que, al legislador se le olvidaron los derechos de los
tabacodependientes o fumadores, pues la abolición de zona exclusivas para fumadores es una
discriminación que violenta sus derechos fundamentales.
La tabacodependencia, al igual que otras farmacodependencias, tiene periodos limitados de
abstinencia, de manera que el estado emocional del fumador puede depender del consumo
continuo de productos de tabaco y la abstinencia, provoca cambios sustanciales de la conducta y
hasta fisiológicamente tiene consecuencias.
Entre otras razones, lo señalado debe ser razón suficiente para que, el legislador pondere establecer
en la ley, la existencia de lugares exclusivos para consumidores de productos del tabaco, de manera
que las autoridades correspondientes autoricen el funcionamiento de restaurantes, bares, antros,
etc., y lugares de reunión pública que sean exclusivos para ese tipo de consumidores, de esa manera
se protege también a los no fumadores.
RECTORA PROCURA JUSTICIA LABORAL.
Una de las herencias más inquietantes que la administración del DR. RAÚL CÁRDENAS le dejó a la
nueva rectora YARABÍ ÁVILA, son los pasivos laborales y un considerable número de demandas por
despido injustificado, interpuestas por al menos 300 trabajadores universitarios que por diferentes
razones fueron despedidos de sus trabajos.
“Es mejor atender ahora que esperar a que nos indiquen reinstalar y pagar laudos” dijo a este
columnista la rectora ÁVILA GONZÁLEZ, a la pregunta de a qué obedecían reuniones del abogado
general de la universidad con las dirigencias sindicales, con un tema único, las recisiones
contractuales de profesores y trabajadores manuales, por causales de dudoso fundamento.
Y es que, hasta donde este columnista pudo enterarse, se trata en una primera etapa de revisar caso
por caso de 45 trabajadores administrativos y manuales y 27 profesores, los que mediante el uso de
trampas legaloides, les fue rescindida su relación laboral con la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y el diferendo laboral está en los tribunales.
Simplemente se trata de aplicar el sentido común, pues de una investigación y evaluación se
concluyó que las posibilidades de perder los juicios laborales son elevadas en la mayoría de los casos,
de ahí que la rectora haya decidido adelantar vísperas iniciando revisiones individuales y en dónde
se haya cometido alguna injusticia, revindicar al rescindido en la medida que la norma lo permita y
no esperar a que la autoridad jurisdiccional le ordene la reinstalación y el pago de salarios caídos.
REFORMAS ESTATUTARIAS DE “ALITO” EN EL CADALZO.
Militantes del Partido Revolucionario Institucional encabezados por JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ,
FERNANDO LERDO DE TEJADA y JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZAREZ, promovieron ante la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, un escrito de consulta
y opinión relativo al procedimiento de sanción a las reformas a los estatutos y al reglamento de
Elección Dirigente y Postulación de Candidaturas del PRI, aprobadas por el Consejo Político Nacional
el pasado 19 de diciembre de 2022.
Y es que, como es sabido, corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE,
sancionar cualquier reforma estatutaria realizada por las partidos políticos y verificar que dichas
reformas haya sido respetando las normas internas y las constitucionales, de ahí que, ahora,
corresponda a dicha comisión sancionar las reformas promovidas por ALEJANDRO MORENO
CÁRDENAS alias “ALITO”.
Según los gestionantes, en síntesis, las reformas aprobadas por el Consejo Político nacional las hizo
en una sesión combinada entre presencial y virtual, no habiendo justificación legal para realizarla
de esa manera, pues el estado de emergencia de salud general por la pandemia decretada por el
gobierno de México, ya había terminado.
Por otra parte, señalan que de acuerdo al artículo 14 de los estatutos, solo es la Asamblea Nacional
la competente para reformar o adicionar los documentos básicos del partido como los estatutos o
el Código de Ética Partidaria y solo por mandato judicial lo puede hacer el Consejo Político Nacional,
pero en asamblea presencial y aprobados por las dos terceras partes de los consejeros y la mayoría
de los consejo políticos estatales.
En ese tenor, en un período de 30 días, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Político del INE
deberá emitir un dictamen de procedencia y ponerlo a disposición del Consejo General para que
este apruebe su procedencia constitucional y derivado de lo anterior tengan aplicación en la vida
interna del partido, lo que no ha sucedido y se espera que le den palo a tales reformas
